Cerrito - Viale - María Grande - Hasenkamp - Hernandarias - Crespo - Villa Urquiza - San Benito - Segui - Tabossi
Sospechan manejeo irregular de microcréditos que financió la Nación
Crespo, Lunes, 26 de octubre de 2009 ((17:21 hs.))
Concejales de Crespo interpondrán denuncia penal contra funcionario municipal
El concejal radical Hernan Jacob (UCR), ratificó que pedirán a la Justicia que investigue si se cometió un ilícito con la entrega de los planes. Por las irregularidades detectadas en la entrega de microcréditos que otorgó la Nación y distribuyó la Municipalidad de Crespo, los concejales de la UCR de esa ciudad interpondrán ahora una denuncia penal. A principios de año, había solicitado a la Sigen y a la AGN una auditoría general, pero no hay respuestas todavía. También le habían pedido al intendente que separe de su cargo al responsable del área de la Producción de la comuna.

A casi ocho meses del pedido que efectuó el Concejo Deliberante de Crespo para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) realicen “una auditoría total” sobre el otorgamiento de los microcréditos, que tuvo a su cargo la Municipalidad con fondos de la Nación, ahora se interpondrá una denuncia penal.

 

La presentación la harán los ediles del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), posiblemente con el acompañamiento del bloque vecinalista, reconoció a EL DIARIO, el concejal Hernán Jacob.

 

La decisión –en estos momentos se encuentran redactando con los asesores legales los fundamentos de la denuncia—se basan en las “irregularidades que se detectaron en la auditoría interna que se realizó sobre el otorgamiento de los microcréditos.

Tal como establecía la Nación, esos préstamos debían estar destinados a “personas en riesgo o vulnerabilidad”, sin embargo en Crespo el beneficio habría sido otorgado (y por eso se pide que la justicia investigue) a familiares de funcionarios y comerciantes de esa ciudad.

 

SOSPECHAS. “Por ahora no haremos imputación de delito alguno, tan sólo pedimos que se investigue, porque de acuerdo a los informes y auditoría que nosotros realizamos existirían irregularidades. Lo que queremos es que sea la Justicia la que diga si hubo o no hecho ilícito en el otorgamiento de esos créditos”, dijo Jacob.

 

Los microcréditos en Crespo, cerca de 1,5 millones de pesos, que financió la Nación, estaban a cargo de la secretaría de la Producción de la comuna. Por esa razón, las miradas están puestas, desde un principio, sobre el titular de esa área, Daniel Muñoz. Incluso, en febrero de este año, cuando los concejales (opositores y oficialistas) solicitaron a la Sigen y a AGN la auditoría, le requirieron al intendente Juan Carlos Brambilla, que “mientras se hace la auditoría” y se despejen todas las sospechas que dicho funcionario sea separado de su cargo, pero eso no sucedió.

 

Aunque en diálogo con esta hoja Jacob, fue más cauto en sus declaraciones, a FM Estación Plus 94.3 de Crespo, reiteró que se presentará en la Justicia para denunciar penalmente al funcionario municipal, a cargo del área de Producción.

 

El edil recordó que “a fines del año pasado tomamos conocimiento de una versión que indicaba que el ex responsable del área de la producción de Crespo, Rolando Kaheler, había presentado una nota en el Municipio en la cual hacia una serie de comentarios o afirmaciones sobre presuntas irregularidades que habría cometido un funcionario del área de la producción. En una sesión, nuestro bloque hizo un pedido de informes verbal dirigido al intendente donde le solicitamos que se nos remita copia de esa nota”.

 

Tras ese pedido, tal como consta en una nota publicada por EL DIARIO, en febrero de este año, el Concejo Deliberante de Crespo solicitó “una auditoría total”, debido a que los préstamos habrían sido otorgados a “parientes de funcionarios”, “a personas en actividad comercial” o a quienes no cumplían con las garantías exigidas en el Programa Regional de Emprendimientos Sociales, denominado Redes.

 

Aquel pedido, se basó en el informe que presentó el ex secretario de la Producción y

Desarrollo de ese Municipio, Rolando Kaehler, quien detectó una batería de irregularidades en el manejo del Programa.

 

Entre las anomalías que detectó el Kaehler, no sólo figuraban los beneficiarios sino también el recupero de esos créditos, tanto es así que incluso el Tribunal de Cuentas de la provincia, según indicó Jacob, no aprobó aún el ejercicio 2007 de la comuna.

Kaehler hizo las primeras observaciones en el 2004, las reiteró en el 2006 y 2007 siendo aún funcionario. Pero, “como nada se hizo”, volvió a hacer una presentación –vía mesa de entradas— en noviembre de 2008, esa vez se presentó como ciudadano de Crespo. Pero como, al parecer, no hay avances en el caso, los concejales del radicalismo están dispuestos a denunciar penalmente al funcionario a cargo del área.

 

IRREGULARIDADES. Jacob reiteró a FM Estación Plus, que de la auditoría que ellos realizaron notaron una serie de irregularidades en los créditos que se entregaron en 2005 y 2006. “Estos hechos estaban en conocimiento del intendente y fueron lisa y llanamente ocultados, un manejo absolutamente discrecional de un Gobierno que se caracteriza por manejar así la cosa pública”.

 

“Si mal no recuerdo, a Crespo le correspondía una suma de aproximadamente $ 1.300.000, de lo cual alrededor de 500 mil pesos todavía no se pudo recuperar y ya está vencido el plazo establecido y, otro tanto se encuentra por vencer”, aseguró Jacob.

A entender del edil, “lo grave de esto es que se entrego un crédito a un hermano del funcionario (Muñoz). Es una situación increíble, rayana con lo delictual y esto será motivo de denuncia penal”.

 

En cuanto a la acción penal que se piensa promover, el concejal indicó que “la misma la vamos a promover muchos ciudadanos, independientemente del cargo que desempeñemos. La vamos a promover quienes creemos que el estado no se puede manejar de la forma que lo está manejando esta gente”.

“Esto es una vergüenza para Crespo y es el primer acto de corrupción de la ciudad. Los delincuentes no podemos ser los que denunciamos, los delincuentes son los que malversan fondos públicos”, opinó.

 

DATOS. De acuerdo a los informes –que servirán de prueba en la denuncia penal—que descubrieron los concejales se encuentra, por ejemplo, que 66 mil pesos fue lo que recibió en concepto de microcréditos el hermano del funcionario en cuestión para una “actividad que no existe en Crespo”, pero además, ese beneficiario desarrolla su actividad mercantil en Paraná.

 

“66.000 pesos excede el concepto de micro emprendimiento. Se compro una maquina, supuestamente, para desarrollar una actividad de fotografía y la compraron en un telecentro de Rosario, que yo sepa, semejante equipamiento no se vende en un telecentro”, dijo Jacob a la radio crespense.

 

Asimismo, el concejal dijo que “todo lo que Kaehler dijo en su carta, fue comprobado en la investigación que hicimos, algún punto no pudo ser corroborado por falta de

pruebas”.

 

Los préstamos del plan Redes debían ser otorgados para emprendimientos sociales, con el fin de “promover el desarrollo comunitario y productivo en el marco de estrategias locales y regionales sustentadas por la conjunción de acciones del estado, empresas sociales y organizaciones de la sociedad civil, a través del apoyo, creación y fortalecimiento de emprendimientos productivos y sociales encarados por sectores de la población en situación de riesgo y/ o vulnerabilidad”.

 

Pese a lo estrictamente reglamentado en el programa, en Crespo –según advirtió Kaehler en varias oportunidades—ni el convenio ni sus anexos “se cumplieron”. En su informe, el ex funcionario denunció que “la selección (de los beneficiarios) se hizo sin orden; algunos se otorgaron automáticamente en un día, otros esperan años y, hay casos que ya accedieron a más de una operación”. Y lo más curioso, es que entre los beneficiarios figuran “parientes de funcionarios” o “personas con actividad comercial reconocida, que no cumplieron con sus obligaciones tributarias municipales, provinciales y o de la Afip”.

 

Objetivos del Programa

 

El Programa Regional de Emprendimientos Sociales, denominado Redes, es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, la Dirección Nacional de Economía Solidaria (DINAES), Dirección de Promoción del Desarrollo Social y Productivo de Asistencia Técnica y Capacitación.

 

El objetivo es “promover el desarrollo comunitario y productivo en el marco de estrategias locales y regionales”, con el fin de crear y fortalecer emprendimientos productivos y sociales impulsados por sectores de la población en situación de riesgo y/o de vulnerabilidad.

 

Los microcréditos que están destinados a “personas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social”, se otorgaron en todas las provincias del país, excepto Catamarca.

“El programa Redes establecerá prioridades para su intervención en situaciones o contextos locales o regionales definidos como críticos a partir del análisis de la evolución de indicadores tales como: tasa de desocupación, niveles de población con necesidades básicas insatisfechas, estado nutricional de la población y tasa de mortalidad infantil”.

 

Observaciones de la Sigen y la AGN a Entre Ríos

 

La ausencia de padrones definitivos sobre la población que recibe asistencia social, es lo que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) le cuestionan a la provincia de Entre Ríos.

 

Según estos organismos, la provincia de Entre Ríos al igual que Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires, Tierra del Fuego y de Tucumán, una de las falencias que tienen es la “falta de padrones definitivos para la población asistida o por asistir en relación con la entrega de vales alimentarios”.

 

Cada seis o doce meses, estos organismos de control realizan auditorías sobre los distintos programas sociales que reciben las provincias. De esa manera controlan de qué manera y cómo las provincias distribuyen las asistencias sociales.

 

Los informes obtenidos de esos controles, no resultaron favorables para la mayoría de las provincias, según publicó ayer, el diario La Nación. En la nota se reveló que la Sigen y AGN comprobaron que las irregularidades en la entrega de fondos asistenciales son una constante. A eso se le suma, la falta de transparencia para repartir las partidas sociales.

 

LO QUE SE DICE. No son pocas las sospechas que existen sobre la forma de distribuir y quiénes son los que reciben los beneficios de los distintos programas sociales. Si de muestra sólo hace falta un botón, en Crespo, departamento Paraná Campaña, el Concejo Deliberante solicitó, en febrero de este año, a la Sigen y la AGN que realicen una auditoría total sobre el otorgamiento de los microcréditos que entregó la Municipalidad de esa ciudad.

 

En el caso de Crespo, se puso en un manto de dudas el Programa Regional Emprendimientos Sociales, más conocidos como Redes, que tenía como finalidad en plena crisis, ayudar a “personas en riesgo o vulnerabilidad”. Sin embargo, de acuerdo a las observaciones que en su momento hizo el ex funcionario de la comuna, Rolando Kaehler, los microcréditos se habrían entregado sin respetar el fin por el cual fueron creados. Es decir, los beneficiarios no se encontraban en situación de “riesgo o vulnerabilidad”.

 

Ante esa denuncia, los concejales de la oposición pidieron por vía administrativa y ahora lo harán por la vía judicial que se investigue, ya que en el listado de beneficiarios figuran comerciantes y familiares de funcionarios de la Municipalidad de Crespo.

 

CONTROL. Aunque se desconoce si se efectuó la auditoría, tal como lo pidieron los concejales crespense, lo cierto es que la forma de la distribución de los beneficios siempre generó sospechas.

 

Los informes de la Sigen revelaron que las irregularidades más comunes en las provincias, respecto a los planes sociales, es la “falta de rendición de cuentas”; “ausencia de padrones” (tal es el caso de Entre Ríos) y la falta de una base de datos.

Según el informe que publicó el diario metropolitano, la Sigen detectó:

* Falta de rendición de cuentas. Informes de la Sigen realizados en Río Negro, Salta, San Juan o en Catamarca sostienen que, en muchos casos, en los programas de Seguridad Alimentaria, Manos a la Obra y el Hambre Más Urgente los municipios no rinden cuentas de los fondos girados ni existe un seguimiento adecuado de los beneficiarios.

* Ausencia de padrones. En los informes de la Sigen de Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, Tierra del Fuego y de Tucumán, se registró la falencia de padrones definitivos para la población asistida o por asistir en relación con la entrega de vales alimentarios.

* Aplicación. La Sigen determinó también que para los planes de alimentación, comedores escolares o planes laborales en la cuenta bancaria de las provincias donde se depositan las partidas “no se puede establecer con certeza la aplicación de los fondos, porque de allí se pagan sueldos, subsidios y proveedores”.

* Transferencia de partidas. Los informes de la AGN sobre planes de emergencia alimentaria o de vivienda revelan que los fondos girados por la Nación no respetan la periodicidad mensual, no hay planificación presupuestaria y hay programas sin metodología objetiva.

 

Falta de relevamiento. En la mayoría de las provincias, señala la AGN, al evaluar los planes alimentarios y laborales, “no se dispone de un relevamiento o análisis de la situación económica y social ni de los impactos redistributivos”.  (Gentileza FM ESTACIÓN PLUS, Crespo)

 

Desarrollo web, sistemas a medida, e-learning

Política - Actualidad - Deportes - Cultura - El Campo - Turismo - La Región - La Provincia - El Pais