El cura seguiense Marcelino Ricardo Moya se sentará en el banquillo de los acusados el 20 de marzo. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que integran los jueces María Evangelina Bruzzo, Fabián López Moras y Melisa Ríos, lo juzgará por abuso de menores durante los días 20, 21 y 22 de marzo, en audiencias orales, pero no públicas. Del juicio tomarán parte por el Ministerio Público Fiscal, Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay; los abogados Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, por la querella; y el defensor del sacerdote José Ostolaza. El proceso penal caratulado “Marcelino Moya s/Promoción de la Corrupción agravada” se inició en junio de 2015 a partir de una investigación periodística que denunció los hechos aberrantes ocurridos hace más de 25 años en la parroquia Santa Rosa de Lima. Dos ex monaguillos denunciaron a Marcelino Moya como el responsable de haberlos abusado cuando eran menores de edad, después de haberlos convencido de que podían compartir actividades en su habitación. Los querellantes confían en que “Moya va a ser condenado”.

Marcelino Ricardo Moya fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes que, en su niñez y adolescencia (años 1995/1996), formaron parte de un grupo que asistía regularmente a la parroquia Santa Rosa de Lima y que eran alumnos del Colegio La Inmaculada, de Villaguay.

En los primeros 90, a Villaguay llegó el cura Moya, un personaje expansivo, que generaba empatía y que supo cubrirse de una pátina de cura bueno, que se ganaba el aprecio de todos con sus incursiones en festividades gauchescas en las que despuntaba como payador.

El religioso fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes, el médico Pablo Huck, y E.F, un estudiante de Derecho y ambos relataron con la crudeza de pocos de qué modo fueron corrompidos por el cura.

Las víctimas habían relatado cómo fueron cada uno de los abusos cometidos por Moya. El primero de ellos contó que fue abusado, por lo menos dos veces por semana y durante casi dos años, en la propia habitación del sacerdote, en el primer piso de la Parroquia de Villaguay, como así también cuando hicieron viajes a Viale, para realizar tareas religiosas.

La otra víctima contó que hubo un intento de abuso, también en la habitación del cura, pero éste reaccionó a tiempo y empujó al cura, tras lo cual se fue de la Iglesia y nunca más volvió, pese a que también era monaguillo.

Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales.

Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunto la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.

La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.

La causa nuevamente fue recurrida y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción.

El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la justicia, extrañamente, el defensor de Moya, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia (CSJ) de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz. Ostolaza piensa en un efecto cascada que convertiría en nulas las condenas no sólo a Ilarraz sino también al cura Juan Diego Escobar Gaviria, y dejaría a salvo del peso de la ley a Moya.

Mientras ello no ocurra, el cura Moya deberá sentarse en el banquillo de los acusados y responder ante un tribunal por la denuncias penales que pesan sobre él.

La Iglesia, ni bien tomó conocimiento de la apertura de la causa en la Justicia, hizo lo que se esperaba: apartó a Moya de su función de párroco y de responsable pastoral del colegio católico, que tenía a su cargo en Seguí, y abrió una investigación eclesiástica, a cuyo frente ubicó al sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, el mismo que investigó a otro cura abusador, Justo José Ilarraz, en 1995. Pero la averiguación interna jamás avanzó.

El diario La Calle dialogó con el querellante, Juan Pablo Cosso, quien manifestó sus expectativas ante el inminente inicio del debate oral: “Desde la querella confiamos en que Moya va a ser condenado, ya que se aportará al juicio prueba contundente sobre los hechos denunciados. A Moya se lo acusa por corrupción agravada de menores”.

Fuente: Análisis Digital.