En el kilómetro 19 de la Ruta N°12 -Sauce Montrull- se ubica una quinta en donde la Policía de Entre Ríos interrumpió 8 fiestas clandestinas desde el inicio de la pandemia. El inmueble es propiedad de un importante empresario de la zona y la situación pone en evidencia las deficiencias de los controles preventivos a la hora de detectar este tipo de eventos.

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró este miércoles por la noche la fachada de una fastuosa casa quinta llamada El Pelusa, propiedad de la familia Rizzi, también dueños de una reconocida casa de venta de electrodomésticos en nuestra provincia y en Santa Fe.

La quinta es de grandes dimensiones y cuenta con galpones además de canchas de fútbol. El ingreso queda lejos del casco principal y muchas veces los policías acudieron al lugar sin que siquiera se les abra el portón.

En los meses de septiembre y octubre del año pasado, la Policía de Entre Ríos (PER) debió asistir por primera vez al inmueble de Sauce Montrull por la realización de una fiesta en momentos donde todavía se vivían restricciones de la primera ola del coronavirus. A partir de ahí, la Policía acudió 8 veces por la misma circunstancia: 4 en 2020 y otras 4 durante este año.

La organización de los eventos estuvo siempre a cargo de Sol Rizzi, hija del propietario del inmueble que tiene alrededor de 23 años, un conocido empresario de una conocida casa de electrodomésticos de Santa Fe y Entre Ríos. Cabe aclarar que de todas las actas policiales, al menos hasta el momento han sido judicializadas tres en el ámbito de los tribunales Federales de Paraná. Por estas causas, ya se han tomado las declaraciones indagatorias pertinentes. En cada causa, el común denominador en las acusaciones es la hija del propietario del inmueble.

Cabe aclarar que la Justicia castiga penalmente a quien comete el delito y no, al menos necesariamente, a quien es propietario del lugar donde se comete un delito.

La prohibición de los eventos de este tipo tiene el objetivo de paliar el avance de la pandemia. El Estado se propone con esta norma evitar la aglomeración de personas que propague el contagio. Es decir, la principal tarea del Estado debe ser la prevención de este tipo de eventos más allá del castigo posterior. Una vez que actúa la Justicia, el hecho que se quiso evitar está consumado.

No se desconoce la dificultad de alcanzar la totalidad de este tipo de eventos y la ausencia de una logística que le permita a la PER llegar a todos lados. Esta casa quinta tuvo intervenciones de la Policía en ocho instancias en menos de un año. Lo extraño es por qué no se impidió la realización de fiestas clandestinas en la quinta de Sauce Montrull y evitando así los encuentros, que son prohibidos por las diferentes normativas en función de la pandemia y en todo caso, qué rol tuvo la justicia ante estos episodios. 

Esto se suma a la ausencia de controles en los ingresos y egresos de la ciudad los días en donde se realizan la mayor cantidad de eventos de este tipo. Principalmente, porque la mayor cantidad de eventos de este tipo se realiza en los alrededores a la ciudad.

Varias de esas noches en donde la Policía acudió al lugar, las fiestas fueron suspendidas. A veces la suspensión fue hasta que se retiró la Policía y otras veces el evento no pudo reanudar. Las entradas para las fiestas en esa quinta costaron entre $800 y $1.200.