Por Natalia Buiatti- Análisis Digital

En Entre Ríos se viven días de cuestionamientos serios en altas esferas del poder. Por caso, el presidente saliente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el vocal Emilio Castrillón, declinó su candidatura para un segundo período un día antes de la elección. Lo hizo argumentando no tolerar más una supuesta injerencia del poder político sobre el judicial; señaló los vasos comunicantes y dijo que la situación tiene consecuencias concretas.

El vocal que culmina su mandato al frente del Poder Judicial se ve enojado desde las gradas. Y cuando explica esa ofuscación, concatena una multiplicidad de factores sobre los que hace una lectura que podría estar errada, o no. Lo gravitante es la denuncia sobre la supuesta permeabilización de algún sector judicial a determinado interés político. Ese contexto macro es, además, un terreno fértil para que ocurran situaciones de dimensiones menores que ponen en duda la transparencia de procesos democráticos.

La película se construye con una sucesión de imágenes. Por eso, lo que se contará a continuación es una foto, apenas un cuadro en un mar de sentidos que apunta a la permanente degradación institucional entrerriana.

Parentesco

El 19 de septiembre de 2018, el Concejo Deliberante de Cerrito decidió abrir un período de inscripción para postulantes que quieran integrar la terna que sería elevada al Poder Ejecutivo de la Provincia, a fin de designar juez de Paz. Las carpetas de antecedentes se recibieron en el cuerpo legislativo del 25 de septiembre al 5 de octubre de ese año.

Se presentaron cinco abogados de la localidad a la convocatoria. Todos llevaron sus papeletas personales que comprendían títulos, certificados académicos, desempeño profesional, antecedentes laborales, participación en causas, entre otros documentos.

En noviembre de 2018 fueron convocados los cincos abogados postulantes a un examen de oposición. Posteriormente, en una tercera instancia que se desarrolló en el edificio municipal, en presencia de todos los concejales y concursantes, se leyó el resultado de la oposición en clave con las denominaciones de los exámenes (que son anónimos). Luego se llamó a entrevistas de las cuales participó el concejal Eduardo Osvaldo Silvestre, tío de quien finalmente resultó electa en primer lugar para la terna, y que este jueves es puesta en funciones como Jueza de Paz, Carolina Silvestre.

Esa situación sola supone una irregularidad prevista en el Artículo 37 de la Constitución Provincial, la Ley Nacional de Ética Pública y leyes procesales. Para despejar toda duda, el propio edil de la Unión Vecinal Cerrito, Eduardo Osvaldo Silvestre, debió excusarse de integrar el jurado evaluador. Pero no lo hizo.