En el marco de la Marcha a Plaza de Mayo en Buenos Aires, convocada por CTA Autónoma y otras organizaciones populares, Agmer María Grande, convocó a una asamblea abierta en la filial gremial, para adherir al reclamo por una Comisión Investigadora Independiente, una Conadep contra la impunidad que ayude a resolver el atentado contra la AMIA y la muerte del fiscal Nisman, como así también sumarse a la exigencia de una disolución efectiva -y no un reciclaje- de la Ex SIDE y una apertura democrática de todos los archivos de inteligencia.

 


La asamblea mariagrandense también reclamó respuestas al gobierno provincial, en cuanto a aumento salarial y condiciones integrales dignas de trabajo pedagógico. Además, expresó su profundo malestar por la situación del Iosper, y adhirió a la impugnación legal contra el endeudamiento provincial y los acueductos negociados con capitales imperiales chinos a espaldas del pueblo entrerriano.


 La Filial gremial se solidarizó “con el reclamo de la docente Estela Lemes, quién sufre las consecuencias del envenenamiento que genera el modelo hegemónico agrotóxico y extractivo, y exhortó al gobierno provincial a proteger urgentemente a todas las escuelas rurales y a la sociedad de ésta amenaza creciente”.


La conducción de la Agrupación Tizas Obreras Panzas Verdes de Agmer María Grande ansía también una Ctera y una CTA que peleen contra los “piso-techo” salariales del gobierno nacional, y reclama a los dirigentes gremiales -tanto a los seguidores del oficialismo como a los supuestamente críticos- que no sean funcionales ni cómplices de la reproducción del falso discurso gubernamental de que “plata no hay”. La Entre Ríos de hoy se parece a la Grecia de ayer: la entrega, el endeudamiento, el ajuste y la política de lo poco posible no puede ser la respuesta a los trabajadores y el pueblo. En el año del Bicentenario del Izamiento de nuestra Bandera Federal (1ro de Marzo) y del Congreso de los Pueblos Libres (29 de Junio) no podemos seguir aceptando que más de tres cuartas partes de los recursos provinciales se entreguen al gobierno central, sin exigir una reparación histórica, política y social, auténticamente federal, dice el comunicado que lleva las firmas del secretario general Diego López, y del secretario de Formación, Mauricio Castaldo.