Los legisladores nacionales oficialistas, reclamaron a la oposición que salga la ley de regularización del empleo en negro a nivel nacional. “Estuvimos de acuerdo con la sanción de esa ley, ya que el trabajo irregular es uno de los grandes males de nuestra época, en el que los trabajadores que lo sufren, no tienen aportes jubilatorios, obra social ni seguro de trabajo. Sin embargo, en la Provincia de Entre Ríos, el comportamiento de los legisladores del Frente para la Victoria es muy distinto” señala el comunicado.
El art. 253 en la Reforma Constitucional del Año 2008, nació para mejorar las Juntas de Gobierno, y creo una gran expectativa porque pasarían a la categoría de Comunas
Este hecho trascendente, fue aplaudido por las autoridades de las Juntas de Gobierno, porque venía a solucionar un grave problema. Al ser meras delegaciones del gobierno provincial, no tienen capacidad para ser titulares de relaciones jurídicas. No pueden ser propietarios de inmuebles, de automotores y lo que es fundamental: no pueden tener empleados.-
Las Juntas de Gobierno, que son 196 en la provincia, se encargan en esos pequeños poblados, de arreglar calles y caminos, mantener los espacios públicos, cementerios y escuelas, el alumbrado, recolectan los residuos, etc. Para eso necesitan personal pero no lo pueden contratar y para resolver las necesidades recurren a soluciones alternativas.
Hoy los servicios públicos en los 196 distritos rurales, se presta con irregularidades. Lo grave es que la Dirección de Juntas de Gobierno, instruye a estas Juntas, para la firma de un contrato tipo que se reitera con la misma persona a lo largo del año, renovado cada 15 días, luego acepta la rendición con simples recibos, para después remitir la documentación al Tribunal de Cuentas, que no hace ningún tipo de observaciones.
Una cadena de complicidades, que denunciamos porque el Gobierno no quiere cumplir la constitución.
A pesar de los reclamos que hemos realizado a la Legislatura, conformada mayoritariamente por el PJ y al propio Gobernador, que tiene facultades para solucionarlo, desde el oficialismo tienen una mora de 6 años en el dictado de la ley de Comunas, con lo cual las cosas siguen igual.
La demora en cumplir la constitución hacen que las Comunas en un tema simple como no extender registró para el tránsito, provoquen perjuicio porque hace que los interesados, cambien sus domicilios, lo que acarrea la pérdida del sistema originario del PAMI, empujando a la población rural, a zonas urbanas.
En 196 juntas de gobierno, los servicios son prestados por empleados públicos que no se encuentran registrados, no se le hacen aportes a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, no tienen la cobertura del IOSPER ni la ART del Instituto del Seguro. En manos de quien queda ése dinero?
Jorge D´Agostino – Presidente – Elías E. Ruda – Secretario
COMITE PROVINCIAL DE LA UNION CIVICA RADICAL
