La esposa de un agente civil de inteligencia que prestó servicios durante la última dictadura en el Batallón 601, fue designada como jueza de Paz en María Grande. El nombramiento se conoció hace unos meses y la mujer ya ocupa el cargo. La abogada paranaense es allegada al actual intendente y a su antecesor. “Designando como Juez de Paz de la ciudad de María Grande, a la doctora Silvia Haidee Márquez (…) quien reúne los requisitos constitucionales y legales para el cargo”, se resumió en el Decreto Número 791 del Ministerio de Gobierno. Mientras tanto, la Justicia investiga al esposo de la magistrada por su rol durante la dictadura. El decreto es breve y fue publicado el 16 de mayo en el Boletín Oficial. La disposición abre una nueva polémica en torno a designaciones en el Poder Judicial entrerriano.
Silvia Márquez es una abogada y mediadora paranaense de 58 años, especializada en derecho de familia. Se desempeñó como asesora jurídica del Consejo Provincial del Menor, fue directora del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Entre Ríos y ejerció la docencia en los niveles secundario -en la cátedra de Instrucción Cívica- y terciario. Desde el 2 de mayo es la nueva jueza de Paz de María Grande.
Pero la designación quedó envuelta en una serie de polémicas por su estrecha vinculación con la dirigencia política local, a lo que se suma un dato que pasó desapercibido en la discusión que se dio en el Concejo Deliberante de María Grande: Márquez es la esposa de Rafael Andrés Julián, un agente civil que prestó servicio para el Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura cívico-militar.
Personal Civil de Inteligencia
El Archivo Nacional de la Memoria identificó y presentó ante la Justicia un total de 6.030 nombres de personas que integraron los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura (4.867 civiles y 1.163 con grado militar). El listado fue entregado por primera vez al Poder Judicial en 2010. Allí constan los nombres y responsabilidades específicas (producción de información, analista, asesor universitario, etcétera) del denominado “personal civil de inteligencia” (PCI).
Durante la última dictadura cívico-militar, en Entre Ríos funcionó el Destacamento de Inteligencia 122, que tenía sede en Santa Fe, al que le reportaban una veintena de agentes civiles que se desempeñaban en Paraná. El nombre de Rafael Andrés Julián aparece en ese listado, lo que viene a confirmar una vieja sospecha de los militantes del Partido Comunista de Entre Ríos.
Andrés Julián figura como “agente de reunión”, es decir, se dedicaba a la recolección de datos para el organismo de inteligencia. Durante la dictadura se infiltró en la Federación Juvenil Comunista (la Fede) y desde ahí tuvo acceso a las actividades que se realizaban desde el Movimiento de Juventudes Políticas del que participaban miembros de todas las fuerzas.
Los militantes de la Fede lo denunciaron en 1982 ante la conducción del PC, por la desconfianza que les generaba ese personaje de bajo perfil que participaba en silencio de las reuniones juveniles. Pero no hubo reacción. Hasta que se produjo un quiebre interno, a partir del XVI Congreso del partido, en 1986, y entonces fue expulsado, según contó un militante de esa época a Página Judicial.
Lejos de ocultarse, Andrés Julián volvió a aparecer unos años después, en las primeras reuniones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y luego también en la conformación del Frente Grande en Entre Ríos.
El año pasado, el fiscal José Ignacio Candioti dio curso a una denuncia de “ciudadanos domiciliados en la provincia” y organismos de derechos humanos ante la Justicia Federal de Paraná para que se investigue a quienes aparecen en los listados de ex espías de la dictadura. En la presentación se advierte que “los operadores de inteligencia, sean estos orgánicos o inorgánicos, desarrollaron no sólo la tarea que históricamente ha sido natural y propia de las áreas de inteligencia estatal, como lo es la recopilación de información, sino también la participación activa en los denominados grupos de tareas que asolaron las libertades y las vidas de los argentinos durante la dictadura”.
Jueza
Militantes del PC entrerriano descartaron que Silvia Márquez, participara de las reuniones del partido, ni siquiera acompañando a Andrés Julián, y por supuesto su nombre no aparece en el listado del personal civil de inteligencia. Sin embargo, fueron sus propios antecedentes los que aportaron a la polémica, según admitió un integrante del Concejo Deliberante.
El año pasado, producida la vacante en el Juzgado de Paz a partir de la jubilación de Delia Castaldo, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ordenanza tendiente a transparentar la designación de quien sería su sucesor dando intervención al Consejo de la Magistratura, pero la iniciativa fue rechazada por el oficialismo.
Fue el intendente Hugo Aníbal Maín quien propuso para el cargo a quien fuera su compañera de promoción en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) -ambos egresaron el 21 de diciembre de 1984- y más recientemente abogada en el polémico juicio de divorcio del ex intendente Diego Lara. Esto fue debatido en el Concejo Deliberante hasta que el oficialismo impuso su mayoría y aprobó la designación. Entonces Maín llevó la propuesta al Poder Ejecutivo y el gobernador Sergio Urribarri la nombró, tal como lo establece el artículo 175 de la Constitución Provincial.
