El abogado Marcos Rodríguez Allende comienza a representar a una de las víctimas de los abusos ocurridos en el Seminario de Paraná durante los años 1984 y 1992. Pretende diferenciarse de la estrategia de la Procuración y establecer por qué en su momento la Curia obvió realizar la denuncia penal contra el sacerdote. Por estas hora se pudo conocer que un vice intedente de un municipio en Paraná Campaña, cuya identidad aún no trascendió, será citado como testigo en la las próximas horas. Si bien aún permanecen en reserva los nombres de quienes inicialmente denunciaron a Ilarraz, ha trascendido que algunos serian ex seminaristas de nuestra región. Relacionado también con que brindaran su testimonio se encuentra el padre Alfonso Dittler, de la parroquia San José de Hasenkamp.

El juez de Instrucción Alejandro Grippo podría comenzar a enviar esta semana los oficios a través de los cuales se pedirá el testimonio de, por lo menos, trece sacerdotes para que aporten datos respecto del accionar del cura Justo José Ilarraz mientras dirigió el Seminario Menor de Paraná, entre 1984 y 1992, período durante el cual se denunciaron graves hechos de abusos contra chicos que estaban allí en calidad de pupilos.


 


 Entre los que serían citados, a pedido del fiscal Rafael Cotorruelo, están Mario Gervasoni, actual secretario privado del arzobispo Luis Alberto Puiggari, que se formó en el denominado Seminario Menor; pero también los ocho curas que en 2010 firmaron una nota dirigida al entonces arzobispo Mario Luis Bautista Maulión, en la que requirieron que se abriera una investigación judicial contra Ilarraz.


 


Entre ellos, Leonardo Tovar, párroco de San Benito; José Dumoulin, vicario de Nuestra Señora de Luján; José Carlos Wendler, párroco de Luján; Alfredo Nicola, párroco de Oro Verde; Mario Olivera, de Villa Urquiza; Agustín Hertel, de San Francisco de Borja; y el canadiense José María Gauthier, responsable de la Casa Padre Lamy, enrolado en la congregación Servidores de Jesús y de María.


 


También, el fiscal pidió escuchar el testimonio del vicario de Nuestra Señora de la Piedad, Leandro Bonnin, adonde es párroco Luis Alberto Jacob, el cura que ocupó el cargo de rector del Seminario entre los años 1986 y 1992, lapso durante el cual ocurrieron los abusos que se le imputan a Ilarraz.


 


 Se espera, además, que brinden su testimonio los sacerdotes Silvio Fariña, párroco de la Iglesia Catedral, quien en 1995 tomó testimonio de las víctimas; el hoy vicario general de la diócesis de Concordia, Alfonso Frank, que actuó esa vez como notario; José Barreto, párroco de Cristo Peregrino, y Alfonso Dittler, de San José de Hasenkamp. Otro de los que serían citados es un viceintendente de un pueblo de Paraná Campaña.


 


CONTRA EL ENCUBRIMIENTO. La causa por abusos en el Seminario tendrá desde hoy un nuevo giro: el abogado Marcos Rodríguez Allende, junto a un grupo de profesionales, asumirá la querella particular de una de las víctimas. Y dice que no sólo irá contra el cura, sino también contra el “pacto de silencio” de la propia Iglesia que obvió hacer la denuncia judicial en su momento.


 


 “Además de los hechos en sí, el plano más importante a investigar es el silencio”, dice Rodríguez Allende.


 


 ¿En qué momento piensan presentarse ante el juez?


Nosotros vamos a hacer la presentación mañana (por hoy) ante el juez y nos vamos a constituir como querellantes particulares. Si bien vamos a adherir al requerimiento de instrucción que hizo la Procuración, y de apertura de acusación contra el cura, pero además vamos a proponer diferentes pruebas a los fines de profundizar más allá de la responsabilidad que ya parece indudable por parte del cura. Queremos ir contra el pacto de silencio, algo sumamente grave. Vamos a intentar demostrar el por qué de ese silencio que hubo durante tantos años. Vemos que hay muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, en septiembre de 2010 ocho sacerdotes presentan una nota a monseñor Maulión en la que instan y requieren al arzobispo que se denuncien los hechos a la Justicia. Eso nunca tuvo contestación.


 


CONFESIÓN DE PARTE. El caso Ilarraz ya es un escándalo nacional.


Los abusos contra adolescentes de entre 10 y 14 años que estaban estudiando como pupilos en el Seminario Menor –y eran alojados allí por sus familias, usualmente de la zona de Paraná Campaña, confiados en su vocación al sacerdocio—ocurrieron entre dos y tres décadas atrás.


 Pero debieron pasar tres obispos para que el último, Juan Alberto Puiggari, decidiera en 2011 reabrir la investigación, girar las actuaciones a Roma, y ordenar, el 7 del actual, la prohibición a Ilarraz de ejercer el sacerdocio en Monteros, Tucumán, adonde había recalado en los últimos años. En 2008, el arzobispo Mario Maulión firmó su excardinación, y quedó entonces bajo la autoridad del obispo de Concepción del Tucumán, José María Rossi. Ahora, el cura pedófilo espera una sanción canónica del Vaticano, y ser puesto en el banquillo de los acusados por la Justicia.


 


 La envergadura de los hechos y la certeza del avance de la causa en la Justicia movió a la Iglesia a emitir el sábado un segundo comunicado –el primero, que admitió los hechos, fue hecho público el jueves 13—en el que se mostró dispuesta a colaborar con jueces y fiscales. “Reiteramos la firme determinación y compromiso con la búsqueda de la verdad y la aplicación de las sanciones legales que en su caso correspondan, conforme al derecho común aplicable”, dice el texto.


 


 Releyendo esos comunicados, el abogado Rodríguez Allende encuentra más pruebas. “No podemos obviar los últimos comunicados oficiales por parte de las máximas autoridades. Allí, reconocen que los hechos existieron”, entiende.


 


Qué dijo la Iglesia


 


Ni bien el caso estalló, a través de la revista Análisis, el jueves 13, la Iglesia emitió un comunicado en el que señaló que lo publicado reavivó “nuestra profunda vergüenza e inmenso dolor por faltas gravísimas cometidas por uno de quienes deben servir a la vida moral del pueblo con su ejemplo y enseñanza”.


 


 Y anunció que cuando por primera vez se conocieron los hechos, “se realizaron todas las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad, siempre preservando el derecho a la intimidad y el debido proceso, y conforme a nuestro conocimiento sobre la legislación entonces vigente”.


 


 El sábado 22, y ante la sustanciación de una causa en la Justicia, la Curia volvió a hablar del tema, y por primera vez nombró al acusado, el cura Justo José Ilarraz.


 


 Dijo que “colaborará” con el juez de la causa en la esperanza de que se apliquen “las sanciones legales que en su caso correspondan, conforme al derecho común aplicable”.


 “Cuando en el año 1995, por la declaración de personas afectadas, se tomó conocimiento de los hechos, el Arzobispado de Paraná procedió a realizar una investigación. Ponemos a disposición de la Justicia dicha investigación, con el necesario respeto a los derechos, garantías y a la voluntad de las víctimas y familiares afectados”, apuntó.


 


 Y que a lo largo de 2011, el arzobispo Juan Alberto Puiggari, “por propia iniciativa, antes que cualquier denuncia periodística, pidió instrucciones a la Santa Sede para lograr una solución definitiva y en procura de la justicia”.


 


 Pero recién el 7 del actual se acordó la suspensión de Ilarraz en sus funciones como sacerdote.


 Y nombró a las víctimas y a sus familias. Fuente El Diario – Aportes: Paraná Campaña-Diario Digital