La Cámara de Senadores convirtió en ley este martes, sobre tablas, y tal como se aprobó en Diputados, el proyecto regulatorio de la instalación y utilización de videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes en la provincia. El texto había sido presentado en febrero por el diputado Diego Lara, antes de su pase al oficialismo, con la intención de saldar el vacío legal existente en la materia pese a la proliferación de sistemas de videovigilancia en diferentes localidades de la provincia.
La regulación de videocámaras tuvo el apoyo del Ministerio de Gobierno y de la conducción de la Policía provincial (el jefe Roberto Massuh y el subjefe Juan Rosatelli que estuvieron en el recinto de la Cámara Baja cuando fue votado por unanimidad), y recogió las modificaciones en diputados surgidas tras la objeción a la redacción original planteada por el intendente de Maciá, Ricardo Troncoso. Así, los artículos 14, 16 y 18 recogen el planteo del jefe municipal, donde ya funciona un mecanismo con 36 cámaras.
El Estado provincial y los municipios o comunas “no podrán delegar la prestación del servicio de videovigilancia en los espacios públicos”, y que los sistemas de captación existentes al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley en los municipios “deberán contar con la respectiva aprobación conforme lo dispone el artículo 16, adecuándose a las disposiciones de esta ley, en un plazo no mayor de un año contado a partir de su entrada en vigencia”. De ese modo, los municipios podrán seguir manejando estos mecanismos.
Además, se reduce de un año a seis meses la obligatoriedad de conservar las imágenes captadas por las cámaras, debido al costo del mantenimiento por un mayor tiempo y su relativa conveniencia; y a la obligatoriedad de informar “por medio de colocación de carteles gráficos que especifiquen, de manera clara y permanente, el emplazamiento en los lugares públicos o de acceso público” de los sistemas de videovigilancia. (RecintoNet)
