Durantes el acto de protesta que realizaron frente al casino de Crespo, los manifestantes rompieron un paño del blindex del frente de la Sala de Juegos Crespo. Hay caucho quemando en la calle, panfletos, bombos y abundantes bombas de estruendo. Es parte de un plan de movilización y protesta de los empleados de casinos (juegos de ruleta, cartas y dados, que administra el Estado), que se oponen a un Decreto del gobernador que facilita acuerdos con la parte privada en Victoria y C. del Uruguay.
Desde la hora 20.30 de este martes, personal de Casinos agremiado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se está manifestando frente a la Sala de Juegos de Crespo, en calle San Martín entre Belgrano y Moreno, con bombos, caucho en llamas, pancartas y bombas de estruendo. Han roto un blindex del frente de la sala y hay mucha tensión en el lugar. Es parte de una protesta que se desarrolla frente a todos los casinos de Entre Ríos, aunque la base del problema está en Victoria.
El sindicato se opone a los decretos 1150 y 1151 con que el gobierno provincial intenta darle una salida al deficitario juego de paños, mediante un sistema de administración compartida con las empresas privadas. El decreto de Urribarri apunta a resolver la cuestión en el Casino de Victoria, donde los tragamonedas son administrados por la parte privada y los juegos de paño (ruleta, cartas, dados) por el Estado, ante las dificultades que tiene este último para competir con los casinos privados, sobre todo el de Rosario.
Lo que propone el gobierno es que los empleados sigan siendo del Estado y cobrando los salarios establecidos por éste, pero que la empresa privada pague un canon suficiente como para cubrir estos sueldos y sus aportes y sea libre de instalar 5 mesas para jugadores VIP, que requieren de atenciones especiales que el Estado no puede brindar, por cuanto no es libre de decidir gastos al momento de tener que brindárselas a un gran jugador.
En el día de hoy, el Iafas difundió un informe con cifras detalladas, para demostrar que la Provincia pierde varios millones de pesos al año con el juego de paño que administra, mientras gana con el canon que les pagan las privadas que administran los tragamonedas. En Victoria, por ejemplo, hay 150 empleados en la parte estatal que le cuestan a la provincia 1,2 millones mensuales y ese casino recauda 650 mil pesos.
La ATE teme que este convenio de partes sea solo el comienzo de un camino de privatización del juego, al que opone resistencia y realiza un plan de movilización y protestas frente a todas las salas existentes. Fuente Paralelo 32.
Foto Uno