Mediante un acuerdo presentado por la fiscal Evangelina Santana y los defensores públicos Jorge Sueldo y Jorge Balbuena, ante el Juzgado de Garantías, este miércoles se acordó prorrogar la prisión preventiva, en la modalidad de arresto domiciliario, para Sebastián Molaro, que es investigado por su responsabilidad en el grave robo que sufrió José Basso, de 88 años, el viernes 16 de diciembre de 2016, en su casa ubicada en Pueblo Moreno, en el ejido rural de la localidad de Cerrito. La medida será por 30 días hasta que se termine de sustanciar la IPP. En este sentido, el juez resolvió “prorrogar la vigencia de la prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario impuesta a Molaro, por el término de 30 días, a partir del día de la fecha”, período en el que estará “bajo exclusiva responsabilidad de su padre, hasta el 3 de marzo a las 13”.

Molaro está imputado del delito de Robo agravado, puesto que se lo sindica como la persona que golpeó brutalmente a Basso para robarle. Según se precisó en su momento y es parte de la teoría del caso de la acusación, Molaro estuvo bebiendo en el bar de Basso, que queda en la misma vivienda del anciano, pero tras retirarse cuando el bar cerró sus puertas alrededor de las 22.30, el joven regresó y con la excusa de querer comprar cigarrillos logró que Basso le abriera la puerta. Cuando el hombre se descuidó, lo golpeó con una banqueta. Según precisaron fuentes consultadas, Molaro habría continuado golpeando al hombre cuando este estaba desprotegido en el suelo e incluso habría llegado a agredirlo tirándole encima con un televisor. De acuerdo a la acusación, tras reducirlo violentamente, Molaro se habría apoderado de una suma estimada en quince mil pesos y huyó. Fue detenido días después en un campo de soja donde habría procurado evadir el accionar policial, pero la advertencia de un vecino que vio a una persona extraña en el lugar, aunque no lo relacionó con el violento robo, fue el disparador para lograr la aprehensión del sospechoso.

La medida de coerción morigerada por el término de 30 días, se fundamentó en que Fiscalía sostuvo que “cuenta con los elementos de convicción que resultan suficientes para sostener como probable la participación del imputado en el hecho que se le atribuye”. Asimismo, la acusación pública manifestó que “resta receptar los informes de la dirección Criminalística de rastros, del Servicio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ), informe del Médico Forense, entrevistas al denunciante, como a vecinos del lugar y a los oficiales que tomaron intervención en el hecho”, puesto que “pueden aportar datos sobre la autoría responsable del incurso”.

Tras fundar el pedido, la fiscal resaltó que aquellas “circunstancias fundamentan la medida acordada, cuyo fin es evitar el peligro o riesgo para la investigación que pueda significar la libertad del imputado”, para finaliza sosteniendo que “no se garantiza que el imputado no ponga en riesgo los fines del proceso, obstaculizando la investigación, como así tampoco se garantiza su permanencia en la jurisdicción a disposición de la justicia, considerando posible su fuga”, publicó El Diario.