El Intendente de Hernandarias, Miguel Torres, es del Partido Justicialista (PJ) y comparte con el gobernador el oficialismo de turno. Sin embargo, no tuvo pelos en la lengua para descargar ante Informe Digital una situación que tiene a los pobladores sin el acceso turístico al río Paraná desde 2003: La continuidad de la obra de la costanera de Hernandarias “está complicada” porque si en 60 días no se libera la traza, la empresa a cargo dará por terminada la construcción y va a quedar inconclusa, “porque no pueden trabajar, porque hay tres o cuatro vecinos que están trabando el paso de las máquinas en esta zona”.

El jefe comunal detalló que “hay un vecino de apellido Gabás que no permite que se realice la obra y quiere que se le haga lo mismo que se concretó con otro vecino, modificando la traza y salvar una casa que tiene ahí. Gabás quiere que a él no le toquen un metro más de su terreno y en parte tiene razón”, admite Torres.


El Fiscal de Estado en la mira y hay $40 millones en juego
De todos modos, Torres recordó que en 2007 se promulgó una Ley de Expropiación para poder realizar los trabajos pero “la dejaron caer; el 28 de junio de 2009 cayó porque no se hizo nada”. Pese a esto existe una posibilidad de solución al problema y según comentó el propio jefe comunal, “habíamos quedado con el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el ministro de Gobierno Adán Bahl y la gente de Hidráulica -cuyo director es el Ingeniero Sergio Fontana- que se iba a ratificar la Ley pero han pasado tres meses y no se ha hecho nada”.


En ese contexto, el intendente disparó con munición gruesa contra el Fiscal de Estado, de quien dijo que “hace una semana que vengo detrás, le llamo 10 veces por día, la señora que me atiende me dice que siempre está reunido, pero que ya me llama. Me llama la atención que no me quiera atender; no lo estoy llamando por pavadas, lo estoy llamando por una obra de treinta y pico (sic) millones de pesos que va a quedar inconclusa por la irresponsabilidad con algunos funcionarios”.


Según Torres, para dar por terminada la controversia, Rodríguez Signes debería simplemente “confirmar si mandó el pedido a la Legislatura para que ratifique la Ley de Expropiación o no. Si esto no paso dentro de los 60 días esta gente se va porque no puede seguir trabajando”, advirtió.


Deficiencias en las obras
Asimismo, hay problemas en la concreción de los trabajos ya que en partes donde la empresa ha podido avanzar se pueden observar falencias, aunque ya estarían acordados las reparaciones correspondientes. “La empresa falló con ese trabajo. No se hizo canaleteado para los cordones cuneta ni se compactó y con las lluvias se cayeron los cordones. Esta obra fue acordada con la empresa por la gestión anterior del municipio a cambio de una exención impositiva”, concluyó el presidente comunal. Fuente: Informe Digital