El Ministerio de la Producción quiere sumar 20 mil hectáreas aseguradas a la misma cifra del año anterior, modificando el escalonamiento para la obtención del subsidio, a favor de los más pequeños. La prima sube dos puntos y se premia a quienes realicen conservación de suelos. El aporte del erario público llegaría a los dos millones de pesos.

Con las expectativas puestas en este año se produzca una flexibilización de las condiciones de exportación de parte del Gobierno nacional, y seguramente con una demanda mayor de los molinos que se han ido consumiendo paulatinamente su stock, el Ministerio de la Producción de Entre Ríos apuesta fuerte a que se sostenga la decisión del año pasado y los productores de la provincia dupliquen el área sembrada de trigo para la campaña que se inicia.


Con un importante impacto dentro de varias cadenas, este cultivo representa aspectos económicos, sociales, culturales y hasta simbólicos muy importantes, por lo que, a través de un escalonamiento distinto y una apuesta mayor en cuanto a volumen de cobertura en el seguro multirriesgo, se espera que de las 20 mil hectáreas sembradas aseguradas en la campaña anterior, se pase a 40 mil.


Este seguro es único en el país, y con él se espera brindar certezas y busca apuntalar la falta de financiamiento y la descapitalización de los productores agropecuarios. Cubre fenómenos climatológicos adversos como granizos, heladas, inundaciones imprevistas, altas temperaturas, rayos, vientos fuertes y particularmente, sequía, una variable que los seguros generalmente no contemplan.


Este estímulo implica, abiertamente, un subsidio y el Gobierno cree que esta forma de intervención a través de las primas del seguro “ha influenciado positivamente en el crecimiento productivo y la rentabilidad”. Sin embargo, este año ha decidido que tomará “una política más racional de los subsidios”.


ANTECEDENTES. En 2009, quizá por la premura de la implementación, se produjo un cortocircuito entre el por entonces secretario de la Producción, Roberto Schunk y las autoridades del Instituto del Seguro –compañía que implementa el instrumento-. Mientras el primero anunciaba una prima de 7 puntos, los segundos tenían un contrato con una cifra que superaba un premio de 9 puntos, y el equívoco estuvo a horas de llegar a boca del Gobernador a la hora de hacer el anuncio. El momento con el campo no era el ideal, y la diferencia se saldó políticamente cuando el Iapser resignó su rentabilidad absorbiendo el IVA. El mal paso significó 150 mil pesos de pérdida, pero sin embargo permitió la puesta en marcha de una herramienta muy valiosa que sólo encuentra un antecedente similar exitoso en el sector vitivinícola mendocino.
Este año se llegó con un esquema más aceitado y la presentación fue con una prima total de 9.3, ubicándose el piso de cobertura en los 13 quintales por hectárea, garantizando la inversión realizada por el productor y evitando la demanda ante el Estado en caso de imponderables climáticos.
Pero además, este nuevo esquema tiene dos particularidades: un mayor impacto de los productores con menos hectáreas y un 10 % de incremento para quienes apliquen políticas de conservación de suelo.
“Esta campaña implementamos un escalonamiento distinto en el subsidio, a diferencia del año pasado que lo hicimos en un 30 % con todos. El año pasado fueron 20 mil hectáreas de las 240 mil que se implantaron. Ahora parcelamos el subsidio, y queremos más beneficios para el productor más chico, de hasta 50 Has., al que le subsidiamos el 70 %. Entre 50 y 200 has, estamos subsidiando el 50 %, y el 30 % hasta quienes poseen 400 Has. En 2009, subsidiar el 30 % de las 20 mil Has. implicó una erogación de 200 mil pesos, y ahora queremos duplicar y llegar a las 40 mil hectáreas, porque en el rango más chico está la mayoría de los productores que tomaron el seguro. Si subsidiamos 40 mil hectáreas hablamos de un millón de pesos entre 235 productores el año pasado y este año esperamos llegar a 500 productores, en la provincia existen en un padrón que registra 1.500 productores”, precisa ante EL DIARIO Fernando Arbitelli, el director general de Agricultura de la provincia.


CONTEXTO. Según la percepción del Gobierno, el año pasado se logró una buena campaña en Entre Ríos en cuanto a producción y rendimiento de trigo. Se pasó de un rendimiento promedio histórico de 24 quintales a 34 quintales de promedio, con zonas donde en Victoria y Diamante llegó a logar 50 quintales por hectárea. “El problema se dio con la comercialización, y la Provincia consiguió los ROE Verde para poder comercializar, y logramos incluir a los productores en las compensaciones y se está a punto de devolver el 23 % de la retenciones a productores de hasta 800 toneladas”, confirma Arbitelli. Esta operación aún está abierta y comienza a generar algo de malestar entre los productores que ven dilatado su reintegro, en más de la mitad de un padrón de 1.500 productores que posee la provincia que sembraron las 240 mil hectáreas. El esquema implicaba la devolución de un 70 % y un 30 % más adelante. Nada por aquí, nada por allá.
El Estado Nacional se comprometió a devolver una cifra cercana a los 56 millones de dólares a productores entrerrianos en concepto de derechos de exportación cobrados anticipadamente. El precio promedio que se comercializó, al calor de las regulaciones oficiales, fue de 640 pesos, pero el problema estuvo precisamente allí: en la venta.
Además de las restricciones de exportación –porque el Estado obligó a los exportadores a pagar 640 pesos a los productores cualquiera sea el precio que se pague en el exterior, y éstos no quisieron correr el riesgo- se dio el caso que los molinos estaban stockeados para sus necesidades, y se produjo una sobreoferta del cereal sin mercados disponibles, lo que, técnicamente, lleva el precio a la baja.
“La campaña no fue mala, pero fue un trigo barato, ya que los trigos vienen sin fertilizarse desde hace por lo menos cuatro años. Para abaratar el trigo no se le echa fertilizante, y después se busca compensar fertilizando la soja. Pero la soja se come lo suyo y entonces nos encontramos con déficits de fertilizantes en los suelos entrerrianos. Muchos productores fertilizan el trigo y no la soja. Se echan 100 kilos de fósforo para la secuencia trigo-soja”, precisa el funcionario.


Perspectivas
De acuerdo con las expectativas que se tienen en el Ministerio de la Producción, las perspectivas para esta campaña son mejores. Se espera sembrar unas 310 mil hectáreas en Entre Ríos, con un clima político morigerado y estimaciones de precios favorables. Sin embargo, esta situación alertó el espíritu especulador de los propietarios de campos que ya están subiendo los costos de los alquileres de campos, y los productores tienen que hacer doble cosecha para que los rendimientos justifiquen tiempo e inversión. Se estima que con los dineros que arrojan el trigo se cubre los insumos de ese cultivo y de la soja y parte de los gastos de arrendamiento, y con la venta de la soja se completan los costos anuales y se obtiene la renta. Sin embargo, de 6 quintales que se cobraba el año anterior por hectárea ya se está pidiendo 8 quintales, en un desmadre que afecta al pequeño productor restándole competitividad. Aún así los números convienen, ya que la soja se mantiene firme en 900 pesos.