El estudio jurídico de los abogados Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Iván Vernengo y Jaime Martínez Garbino fue violentado esta madrugada y se llevaron una computadora, como así también documentación. Entre ellos, un informe reservado sobre el negocio del narcotráfico en Entre Rïos, que podía generar cierto revuelo por la relación con hombres del poder político. La información fue confirmada por Pagliotto -quien no salía de su asombro-, puesto que el lugar, en Laprida 420, está rodeado de oficinas oficiales y varias dependencias policiales. Pagliotto y Mulet son los abogados que llevan adelante la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Sergio Urribarri y su hijo, el ministro de Gobierno de la provincia, Mauro Urribarri. El ingreso fue por la puerta que da a la calle Laprida, la que forzaron hasta abrirla. Los abogados le pedirán a la justicia que se aparte a la Policía de Entre Ríos y que en el hecho trabajen peritos de Gendarmería Nacional o Policía Federal, teniéndose en cuenta que el jefe político de la fuerza de seguridad es Mauro Urribarri, uno de los denunciados por Pagliotto-Mulet. En horas de la mañana, la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, habló telefónicamente con Pagliotto y se puso a disposición. El primero que se enteró de la situación, al llegar al estudio jurídico, cerca de las 8, fue el abogado Iván Vernengo y a los pocos minutos llegó Mulet. Ambos se encontraron con todos los muebles revueltos y el faltante de una computadora, al igual que documentación de causas judiciales en trámite. A su vez, hicieron desaparecer dos pendrive, donde tenían información clasificada, aunque de ello existe copia. Pero también desapareció un informe reservado sobre el narcotráfico en Entre Ríos, que podía generar fuerte malestar en ámbitos del poder, por el alcance de las redes, según aparecía en el escrito. “Nos dieron vuelta todo el estudio; estaban todos los cajones abiertos en los escritorios y las puertas abiertas de los armarios. Se ve que buscaban algo en especial, pero no sabemos aún qué se llevaron”, dijo Mulet a ANÁLISIS DIGITAL. “Lo que es inentendible es que nadie haya visto nada, cuando estamos rodeados de puestos de policías y dependencias policiales. Y el ingreso fue por la puerta; violentaron el acceso que da a la calle Laprida”, acotó, mientras le iba pasando información a Pagliotto, actual presidente del Colegio de Abogados, seccional Paraná. De acuerdo a una primera observación, los “visitantes” se llevaron computadoras del estudio y se tomaron por lo menos 30 minutos para revolver todos los cajones de escritorios y armarios. “Seguramente habrán considerado que nosotros teníamos allí documentación importante”, dijo Mulet, mientras atendía a los primeros policías que llegaron al lugar para realizar las pericias y ver si se podía encontrar huellas. Pudo saberse que no se registró ningún otro episodio parecido en vecinos de la cuadra, por lo cual quedó claro que solamente se le apuntó al estudio Pagliotto, Mulet, Vernengo y Jaime Martínez Garbino. Allí también funcionaba la inmobiliaria de la esposa de Martínez Garbino. El estudio jurídico está a no más de 60 metros del acceso a la cochera de la Jefatura Central de Policía, de calle Tucumán, donde hay guardia permanente. Y en la misma cuadra está otra dependencia policial que perteneciera a Investigaciones de la Policía. Los abogados Pagliotto y Mulet son, entre otras causas, quienes presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito -tras una nota periodística de la revista ANÁLISIS, en diciembre del año pasado- que involucra al ex gobernador Sergio Urribarri; a su hijo, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri -de quien depende toda la estructura policial entrerriana- y Juan Pablo Aguilera, actual prosecretario del Senado de la provincia y cuñado del actual presidente de la Cámara de Diputados. Mulet fue también quien denunció a los funcionarios involucrados en el affaire de las cosechadoras truchas y al ex jardinero de los Kirchner. El jardinero presidencial y empresario multi-rubro Ricardo Barreiro fue procesado por el delito de falsificación ideológica de documento público, por haber introducido datos falsos en la declaración jurada que presentó al inscribirse como proveedor del Estado. El procesamiento fue dictado por el juez de Instrucción Número 7 de Paraná, Humberto Franchi, quien además le pidió al fiscal que investigue si Barreiro no incurrió también en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dada su doble condición de asesor ad honorem en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia y proveedor del Estado a través de su empresa RP Transportes SA. Los abogados le pedirán a la justicia que se aparte a la Policía de Entre Ríos y que en el hecho trabajen peritos de Gendarmería Nacional o Policía Federal, teniéndose en cuenta que el jefe político de la fuerza de seguridad es Mauro Urribarri, uno de los denunciados por Pagliotto-Mulet.
