La Argentina es un país de contrastes cada vez más profundos en materia fiscal: mientras que el superávit de la Nación rebosa gracias a las retenciones, las provincias –principales aportantes de esos recursos – cerrarían el año con un déficit financiero de 700 millones de pesos. La desigualdad se explica por la forma en que se distribuye el dinero de la recaudación: al finalizar 2008 la Nación habrá acaparado casi el 70 por ciento del total de la torta, mientras que a las provincias les habrá destinado el 30 por ciento restante. Estas proyecciones, que se elaboraron sobre datos oficiales del Ministerio de Economía, también advierten sobre un aumento del stock de deuda de las provincias, que al finalizar este año alcanzará la friolera de 90.000 millones de pesos. ¿Cuál es el principal acreedor? El Estado nacional.

Si por el lado de los ingresos las provincias aparecen perjudicadas, también lo son por las obras públicas. En efecto, aportan casi 40.000 millones de pesos en concepto de retenciones al Tesoro y reciben 9917 millones para las obras públicas más elementales: viviendas, hospitales, construcción y mejoramiento de caminos y puertos. Este monto equivale a sólo el 25,2 por ciento de lo que las provincias aportan en retenciones, sintetizó en un informe que difundió la semana pasada la consultora Economía y Regiones.


Esta situación de creciente vulnerabilidad económica y fiscal de las provincias guarda una raíz eminentemente política: el Gobierno se aprovecha de este modelo desigual de distribución de los recursos para mantener atados de pies y de manos a los gobernadores, a los propios y a los opositores. Las provincias, con sus arcas cada vez más exhaustas, no tienen otro remedio que hincarse ante la abultada billetera de la Nación mientras ningún gobernador le haga frente al Gobierno.


La crisis entre el campo y la Casa Rosada desnudó como nunca antes estas desigualdades entre la Nación y las provincias. Este modelo de distribución, clave para el kirchnerismo para disciplinar a gobernadores, intendentes y legisladores y, fundamentalmente, para ganar elecciones, comenzó a ser cuestionado por vastos sectores de la sociedad. Sin embargo, el Congreso, el único facultado para revisar los impuestos y su distribución, es llevado de la nariz por la mayoría oficialista, que evita toda discusión seria del asunto por orden de la Casa Rosada.


Así las cosas, hablar de una nueva ley de coparticipación federal parece ciencia ficción y plantear un nuevo modelo de distribución de la recaudación suena a herejía en los oídos kirchneristas.


Incumplimiento


La participación de las provincias en la distribución del total de recursos nacionales se reduce año tras año. Esto, pese a que la ley de coparticipación dispone que las provincias deben recibir un piso de garantía del 34% de toda la recaudación.


Como ya se mencionó, según la consultora Economía y Regiones el interior sólo recibirá el 30,4% de los recursos: bastante lejos de la garantía dispuesta por ley y, para peor, 2,5 puntos menos que el año pasado. ¿Cuánto representará esta pérdida en pesos al finalizar 2008? Nada menos que 8200 millones de pesos.


¿Por qué las provincias participan cada vez menos de la torta de recursos? Sencillo: porque si bien la recaudación aumenta, los impuestos que más crecen son los de carácter no coparticipable, entre ellos las retenciones a las exportaciones. Justamente, por este ítem se prevén recaudar cerca de 40.000 millones de pesos en 2008 luego de que el Gobierno impusiera un nuevo esquema de retenciones móviles.


¿Cuáles son las provincias con situaciones fiscales cada vez más complicadas? Justamente, aquellas donde las protestas del agro se hicieron sentir con mayor virulencia.


El ranking es liderado por Buenos Aires, paradójicamente la provincia que más aporta en materia de retenciones al agro, con una proyección de 10.188 millones este año, según la Fundación Mediterránea. Si las retenciones se coparticiparan, Buenos Aires podría rápidamente saldar su déficit que, este año, ascendería a los 2000 millones de pesos, de acuerdo con Economía y Regiones.


El déficit bonaerense es el que tira hacia abajo el promedio del déficit fiscal financiero del interior que, como se dijo, rondaría los 700 millones este año. Córdoba también atraviesa una situación complicada: se proyecta para 2008 un déficit de 340 millones de pesos. Córdoba es la segunda provincia que mayor aporte realiza en concepto de retenciones al agro, con 8109 millones de pesos anuales, lo que le equivaldría a casi dos copartipaciones que recibe cada año de la Nación.


Mendoza y Santa Fe tampoco tienen situaciones fiscales holgadas y verían sus superávit reducirse dramáticamente si persiste la puja salarial. Sucede que buena parte de las provincias destinan un promedio del 47 por ciento de sus ingresos a pagar sueldos de sus empleados públicos.


Esta acelerada disminución de los ahorros provinciales se observó en casi todas las regiones del interior el año pasado: en el NOA (Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), el superávit financiero se redujo el 26%. En Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), la baja alcanzó el 33% y en la Patagonia (La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén) rozó el 88%.


“Otra sería la situación de las provincias, si la Nación cumpliera con la ley. Buena parte de ellas intentan alcanzar el equilibrio fiscal, pero les será muy difícil si no se modifica el modelo de distribución de ingresos”, explicó Paulino Caballero, de Economía y Regiones.


Por Laura Serra – Redacción de LA NACION


Cuánto resignan las provincias agrarias
Propuestas para su distribución
¿A cuánto ascenderían los ingresos de las provincias si se repartiera entre ellas lo que se recauda por retenciones al agro? Según los constitucionalistas, es inviable la coparticipación de los derechos de exportación porque, de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Nacional, se trata de un impuesto de exclusivo manejo de la Nación. De todas maneras, la consultora Economía y Regiones difundió la semana última un trabajo en el que calculó a cuánto ascenderían las transferencias a las provincias si no existieran las retenciones al agro.


Bajo esta hipótesis, es decir, si no se aplicaran las retenciones, toda la recaudación actual pasaría a incrementar las ganancias de los productores del agro. Entonces, bien se podría aplicar sobre estos nuevos ingresos el impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable entre las provincias.


Según la consultora, si se aplicara una alícuota promedio del 30 por ciento del impuesto a las ganancias sobre estos ingresos, se recaudarían 11.800 millones más, de los cuales las provincias percibirían el 47 por ciento, unos 5500 millones de pesos extra por año.


En cambio, si las retenciones se coparticiparan en su totalidad, las provincias recibirían bastante más: 19.000 millones de pesos. Buenos Aires recibiría 4170 millones, Santa Fe 1697 millones y Córdoba 1686 millones.


La oposición en el Congreso está preparando un proyecto de ley para que se reparta, de alguna manera, lo recaudado por retenciones. En líneas generales, la iniciativa prevé la creación de un fondo que concentraría toda la recaudación por derechos a la exportación, y luego se repartiría entre las provincias de acuerdo con los actuales índices de coparticipación. Fuente: La Nacion.