El intendente de Hernandarias, Miguel Torres, habló sobre la reunión mantenida días atrás con funcionarios provinciales para tratar el tema de estabilización de barrancas y la expropiación de terrenos en la zona. Expresó la preocupación existente en un grupo de 30 familias que deberían dejar sus propiedades de acuerdo con una ley e expropiación que oportunamente eléboro el entonces Diputado Provincial Julio Rodriguez Signes. Aseguró que las cifras que se ofrecen son exiguas para la época con lo que los propietarios no podrían hacer frente a lo compra de terrenos y construir sus casas. Como resultado de la reunión con el Ministro de Gobierno surgió la posibilidad de realizar nuevos estudios para determinar mas fehacientemente cuales serian las propiedades que indefectiblemente deberían ser demolidas.

“Estuvimos reunidos con el Ministro de Gobierno Adán Bahl y con el fiscal de Estado que fue quien hizo la ley de expropiación cuando fue diputado, Julio rodriguez Signes. Dialogamos y le manifesté la problemática que teníamos por la expropiación de terrenos porque mucha gente que vive en unos de los mejores lugares de la ciudad y tendrá que ir a vivir a barrios alejados del centro, a la vera de la ruta, porque no se consiguen otras zonas para reubicar a tanta gente”, reveló Torres.


En tal sentido admitió que se decidió contratar a una empresa para realizará un estudio exhaustivo de todas las viviendas que pudieran llegar a molestar en la concreción de la obra y después se evaluará si corresponde o no expropiar a todas las familias que se encuentran en el lugar o solamente algunas que dificulten.


Seguidamente reconoció que las familias involucradas son alrededor de 30, incluyendo la comisaría de la ciudad. “Tienen mucha preocupación porque es gente que vive en un lugar muy lindo, con vista al río, que tendría que irse a vivir a otro lado. Eso sin contar los costos que tiene una expropiación. No manejamos los números pero si hablamos de que le metro cuadrado de construcción tienen una valor de $ 1500, hay gente que tienen casas de 60 u 80 metros cuadrados y le van a dar 70 u 80 mil pesos. Con ese dinero tienen  que comprar un terreno que generalmente de 10 x 30 sale 40 mil pesos, aunque aquí no los hay. Van a tener que ir a los barrios, donde quizás hay caminos de tierra para conseguir un terreno de 15 mil pesos. Igualmente, con 60 mil hoy no haces una casa de 60 metros cubiertos, relató”


Al definir las responsabilidades en los tramites dijo “esta es una decisión que tomó Recursos Hídricos de la Nación a través de una ley que se hizo al comenzar la obras. Inclusive se comenzó a trabajar antes de que se terminara la Ley de Expropiación. El tramite no ha sido prolijo porque hoy tienen la obra frente al edificio casi terminada y resulta que se los va a expropiar. Hay personas que están a 60 o 70 metros del borde de la barranca a quienes no se justifica la expropiación. Hay otras que si están más cerca y otros que n o permitieron que se hiciera la obra en la zona sur”.


Avanzando en los objetivos del proyecto indicó “la idea es demoler eso y hacer un gran parque, un a especie de balcón, pero no se justifica. Dicen que los frentistas comprometerían la obra si hay un pozo negro, pero todos están conectados a cloacas, o que alguna manguera de agua potable pierda y dañe. No creo que sea así, ya que en su momento le pregunte al Ingeniero Antinori (uno de los responsables de los trabajos de estabilización) qué pasaba si llovía 150 mm en dos horas y me dijo que la obra estaba apta para captar esa cantidad de agua. Es imposible que una manguera pueda generar inconvenientes si pierde por poco tiempo”.


Finalmente y como resultado de la reunión dijo que se resolvió realizar mas estudios sobre el tema. “Esperamos que la provincia contrate a la consultora para hacer un estudio exhaustivo de la situación y tratar de ver que solución se toma”, conclyó. Fuente: El Observador