Un reciente informe emitido por la Fundación Proteger dijo que hay un “Estado presente” que “no siempre trae soluciones viables y apropiadas para quienes más las necesitan”. En la localidad de Hernandarias se sigue de cerca la evolución de la problemática que genera alteraciones en la actividad socio económico de esta localidad, con una importante cantidad de habitantes involucrados directamente en la industria pesquera del río Paraná.
Del 9 al 11 del corriente se realizó en Cordoba el Foro Regional del Agua. Allí, el director general de Proteger, Jorge Cappato, advirtió que en la crisis pesquera del Paraná existe un “Estado presente” que “coincide con las exigencias y presiones de sectores minoritarios” como los frigoríficos, pero que no genera “soluciones viables” para los pescadores artesanales ni para las pequeñas y medianas empresas ligadas al sector. Por esto, le reiteró el pedido al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, de que “interceda ante un Estado que también parece sordo y mudo” a los reclamos de soluciones adecuadas y pedidos de información.
El Foro Regional del Agua se llevó a cabo bajo los ejes temáticos: el agua como derecho humano; acceso al agua; y ambiente, contaminación y salud. Organizado por el Ombudsman, su objeto fue concientizar sobre las necesidades vinculadas con el acceso al agua y el saneamiento en la región, y propiciar el diálogo entre actores, para avanzar en propuestas alternativas y contribuir a la solución de los problemas regionales.
En ese marco, Cappato disertó sobre las Implicancias económicas y sociales de la crisis pesquera en el Paraná y el rol del Estado. Ante los concurrentes reunidos en el Patio Olmos, afirmó que “mucho se ha hablado del Estado ausente, sin embargo en este caso hay un Estado presente”, y fundamentó su posición. “Pareciera que esta presencia del Estado no siempre trae soluciones viables y apropiadas para quienes más las necesitan sino que, llamativamente, coincide con las exigencias y presiones de sectores minoritarios, pero con un manejo económico altamente concentrado”, opinó, en directa alusión a los frigoríficos exportadores de pescado de río.
En ese sentido, agregó que “en no pocos casos las medidas que se toman o que no se toman, nos colocan ante un Estado presente para negociar e incluso avalar el uso insustentable de los recursos naturales, que son un capital irremplazable para esta generación y para las generaciones futuras como establece la Constitución Nacional”.
Inmediatamente recordó que “hoy el sábalo es el pescado más exportado de la Argentina después de la merluza, un pescado de mar. Pero el río Paraná no es un mar y la extracción de pescados para exportación a una tasa insostenible conduce al inevitable colapso de la principal pesquería continental del país”. Por este motivo, ratificó que “el destino de la pesca de río en Argentina es muy diferente y debiera beneficiar a miles de familias de pescadores artesanales y de subsistencia, incluyendo grupos indígenas; así como a innumerables pequeñas y medianas empresas ligadas al comercio interno, turismo, hotelería, gastronomía y recreación”.
“Cada tonelada de pescado de río exportada representa una muy importante merma de puestos de trabajo, ingresos familiares y pérdida de divisas para el país”, advirtió una vez más. Y aprovechó para ejemplificar que un concejal de Río Grande comentó en el encuentro que “un turista que viene a pescar en los ríos de la Patagonia llega a dejar 1.500 dólares por día”. “Sin duda que la exportación de pescado de río es el peor negocio para la sociedad y el país”, reflexionó.
Cappato, quien también es coordinador nacional del Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), dijo que “la exportación de pescado de río constituye un caso único en el mundo y junto a los desmontes, los monocultivos, las pasteras y la minería tal como se operan en este momento, constituyen casos emblemáticos, donde puede verse cómo el mal manejo de un recurso natural aumenta los ya inaceptables niveles de pobreza e indigencia, en este caso en el NEA –la región que tiene el récord de personas pobres en la Argentina a pesar de ser la más rica en suelos, agua y biodiversidad”.
Por último, a la luz de este panorama, le solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación que “interceda ante un Estado que también pareciera sordo y mudo ante los reclamos de las organizaciones representativas de la sociedad civil y de la pequeña y mediana empresa; un Estado que no responde al pedido de poder ver los estudios científicos que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos y que se manejan como un secreto de Estado para tomar decisiones a puertas cerradas”.
Colaboraciòn: Juan M. Bula. 